Los campos de concentración británicos en Sudáfrica

Todo el mundo conoce los campos de concentración nazis. Dachau, Auschwitz, alambradas, barracones y seres humanos reducidos a una cifra. Lo que no todo el mundo sabe es que, décadas antes de que Hitler llegara al poder, el Imperio británico ya había levantado una extensa red de campos de concentración en Sudáfrica.

Corría el año 1900 y Gran Bretaña llevaba meses intentando doblegar a los bóeres, descendientes de colonos europeos que se habían establecido en el sur de África. Los británicos podían conquistar ciudades, plantar banderas y enviar generales con bigote, pero los bóeres, organizados en comandos, seguían hostigando a sus tropas. La respuesta británica fue de una lógica militar tan eficaz como brutal: si los guerrilleros se abastecían gracias a las granjas, habría que eliminar las granjas. Y si sus familias les ayudaban, habría que quitarles también a las familias. El responsable de buena parte de aquella macabra estrategia fue el general Horatio Herbert Kitchener, un militar de aspecto imponente que pasaría a la historia con el dedo acusador de aquel célebre cartel de reclutamiento británico: «Your Country Needs You». En Sudáfrica, sin embargo, el país necesitaba algo bastante distinto: que alguien impidiera que miles de civiles acabaran pagando la factura de la guerra. Las tropas británicas incendiaron alrededor de 30.000 granjas, destruyeron cosechas y sacrificaron ganado. Después, mujeres, niños, ancianos y otros civiles fueron trasladados a campos de internamiento. La idea inicial de algunos de aquellos recintos había sido alojar a familias de combatientes que se habían rendido. Pero la campaña de tierra quemada multiplicó los desplazamientos y convirtió los campos en una trampa para miles de personas que no tenían adónde ir. Los llamaron concentration camps.

Los campos estaban abarrotados. Escaseaban los alimentos, el agua potable y la atención médica. Las condiciones higiénicas eran deplorables y las enfermedades se propagaban con una facilidad espantosa. El sarampión, la fiebre tifoidea y la disentería no necesitaban conquistar territorios: les bastaba con entrar en un barracón. El balance fue devastador. Murieron aproximadamente 28.000 bóeres, entre ellos unos 22.000 niños. En campos separados fueron internados también decenas de miles de africanos negros, cuya tragedia quedó durante mucho tiempo relegada a un segundo plano. Las estimaciones oficiales contabilizan más de 14.000 muertos en estos recintos, mientras que algunos investigadores elevan la cifra hasta los 20.000. También ellos habían perdido sus hogares y sus medios de subsistencia, y muchos fueron sometidos a trabajos forzados. No eran cifras abstractas. Eran madres que enterraban a sus hijos, niños que enfermaban sin recibir tratamiento y familias que habían visto arder todo lo que poseían.

En medio de aquella catástrofe apareció Emily Hobhouse, una británica que tuvo la incómoda costumbre de mirar lo que sucedía en lugar de repetir lo que decía el Gobierno. En 1901 visitó los campos y comprobó las condiciones en las que sobrevivían sus internos. Después denunció públicamente la situación y llevó sus testimonios hasta las autoridades británicas. La respuesta inicial no fue precisamente una alfombra roja. Sus denuncias encontraron resistencia y escepticismo entre quienes preferían no airear los trapos sucios del Imperio. Hobhouse insistió, publicó sus observaciones y contribuyó a forzar una investigación oficial. La comisión encabezada por Millicent Fawcett confirmó graves deficiencias en los campos. Las autoridades introdujeron reformas y la situación mejoró progresivamente, aunque demasiado tarde para decenas de miles de víctimas.

Aunque conviene no confundir historias distintas ni convertir la comparación en una competición de atrocidades, tampoco conviene borrar lo ocurrido en Sudáfrica.

Cuando después de la Segunda Guerra Mundial los dirigentes nazis fueron juzgados en Núremberg por un tribunal internacional, Gran Bretaña participó en la acusación y en la construcción de un nuevo orden jurídico internacional. Aquello no convierte automáticamente a los británicos en hipócritas ni invalida los crímenes juzgados, pero sí plantea una pregunta incómoda: